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Recuperar y controlar los baldíos,

¿una misión posible?


Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceyzén, Palma, Múcura y Tintipán. De estos, 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos. ¿Qué tan fácil es articular a las entidades encargadas de proteger las islas?

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) heredó del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el seguimiento y control a los predios baldíos reservados de la Nación, en los archipiélagos de Corales del Rosario y San Bernardo, zona insular de Cartagena.


Para asumir esta labor, creó en 2015 el Grupo de islas, islotes y cayos de la Nación dependiente de la Subdirección Tierras de la Nación que, desde el 2018 hasta agosto de este año, ha realizado 392 inspecciones para evaluar el estado de los predios y detectar invasiones. 

Lo hace en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que amparó el derecho a un ambiente sano a las comunidades de Santa Cruz del Islote e Isla Múcura, ─dado el deterioro y ocupación ilegal de las islas─ según la Acción Popular instaurada en 2003 por el ciudadano Reynaldo Muñoz.

Pese a esto el deterioro de las islas continúa. La entidad no tiene competencia sancionatoria y cada vez que evidencia la posible comisión de una infracción ambiental o urbanística en sus inspecciones oculares, debe remitir las quejas o denuncias a las demás entidades también obligadas por el fallo a conservar las islas: Parques Nacionales, Dirección General Marítima (Dimar), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Distrito de Cartagena y Corporación Autónoma Regional del Sucre (Carsucre).


Después de siete años de haber recibido la misión, la entidad reporta cinco reuniones con las mencionadas entidades, cuatro en 2021 y una en 2022. También afirma que la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas es la falta de articulación interinstitucional.

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Hotel de lujo en Isla Múcura.

Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, preguntaron cómo ha sido la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Archipiélago de San Bernardo (ASB) en los últimos años. 

¿Cómo son las visitas al ASB para realizar el seguimiento y control en las islas?


A través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN), se realizan visitas técnicas con ‘factor sorpresa’ a los baldíos reservados de la Nación. El fin es evidenciar las actividades desarrolladas en los predios por los ocupantes y verificar si se ajustan a la normatividad. 

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¿De qué manera la ANT cumple con el fallo del Consejo de Estado?

Para el cumplimiento de esta orden judicial, la Agencia estructuró un nuevo reglamento que se ajustara a la realidad de la situación socio jurídica de las islas, es el Acuerdo 106 de 2019 alineado con el Modelo de Desarrollo Sostenible (MOS) del Plan de Manejo del Área Marina Protegida. Este permite a los arrendatarios realizar obras, proyectos o actividades con permiso o licencia ambiental. También estableció el pago en especie como un incentivo o compensación a los cánones de arriendo hasta por el 75% mensual, frente a obras de protección costera y proyectos ambientales que se realicen los poseedores en los predios baldíos reservados.
 

Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceycén, Palma, Múcura y Tintipán. 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos. 

¿Cuál es el área invadida en las islas?


Se ha evidenciado que la mayor parte de los predios baldíos reservados de la Nación, ubicados en las archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, tienen un área de ocupación de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, según los planos y georreferenciación,  del lnstituto Geográfico Agustín  Codazzi (IGAC).

¿Cuál es el número de terrenos ocupados ilegalmente? 


Según el proceso de caracterización en el archipiélago, los datos son: uno en Isla Panda, 9 en Ceycén, 3 en Palma, 38 en Múcura y 75 en Tintipán.


Es importante aclarar que todos los predios ubicados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, sobre los cuales no haya una regularización a través de contrato de arrendamiento, comodato o uso, en derecho están indebidamente ocupados.  

Este es el listado de los predios ocupados según la caracterización realizada por el Grupo de islas, islotes y cayos de la Subdirección de Tierras de la Nación de la ANT.

A partir de las comunicaciones enviadas a los ocupantes ilegales, ¿cuántos tienen intención de arrendar o entregar los terrenos?


Han manifestado la intención de regularizar su ocupación varios de los ocupantes (14 con 18 terrenos) que en su momento suscribieron contrato con el extinto Incoder o que están ocupando los predios, pero nunca han suscrito contrato, de manera verbal o escrita. 

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¿Cuáles considera la ANT son las causas directas del incremento del fenómeno de ocupación ilegal?
 

Si bien es una pregunta relativa a un criterio, objetivamente puede afirmarse que las causas son múltiples. La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el ASB se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
 
Solo un predio ocupado en isla Múcura paga arriendo, ¿por qué los demás no lo hacen?


Según información que reposa en la entidad, ningún predio baldío ubicado en el archipiélago de San Bernardo, tiene contrato de arrendamiento vigente, hasta tanto se lleven a cabo los levantamientos topográficos que excluyan del perímetro las zonas de uso público o bajamar, para poder entregar el uso y aprovechamiento de administración.

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Evidencias de deforestación y ocupación ilegal de baldíos.

Crédito: Subdirección de Tierras de la Nación. 

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Las comunidades dicen que una forma de blindar el territorio es titularlo a los nativos. ¿Es viable esta propuesta?


No existe reglamentación específica para lograr la titulación de comunidades negras en las áreas inadjudicables, siendo estos bienes de la Nación. Pese al ‘título atípico’ que otorgó Incoder (Resolución 3393 de 2014) al Consejo Comunitario de Islas del Rosario Orika, de un baldío de 400 hectáreas para 319 familias, afirmando que la comunidad las ha ocupado ancestralmente.


El Consejo Comunitario del lslote presentó petición de titulación colectiva, al lncoder, de un folio, debe volverlo a presentar porque así no reúne los requisitos.
 

La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el archipiélago se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.

Las comunidades de ASB que están en contra de la ocupación de las islas, reclaman más agilidad y decisión para controlar la desenfrenada invasión en las islas. ¿Que deberían hacer ANT y las demás instituciones en este sentido?


Las acciones que se han tomado por iniciativa de la ANT, frente a la Isla de Tintipán, han sido cuatro encuentros en 2021 y uno en 2022, con el Parque Nacional, el Centro de lnvestigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), La DIMAR,  Cardique y ANT: el 11 de mayo, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 16 de noviembre de 2021 y 25 de enero de 2022.


La entidad realizó visitas de inspección ocular a los 79 predios ubicados en Tintipán e hizo requerimientos al CIOH del envío de estudios que se han desarrollado en la Isla Tintipán, sin obtener respuesta hasta la fecha. También entregamos informes con 24 quejas y evidencias de zonas taladas, compactadas y rellenadas en el archipiélago de San Bernardo, al Parque Nacional Natural y a Cardique. 

¿Finalmente, a partir de la nueva dirección de la ANT se intensificará el trabajo en este territorio?


Las propuestas de trabajo para el territorio por parte del Gobierno Nacional serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
 

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CREADORES

Este informe especial fue financiado con recursos de la beca otorgada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) como proyecto de la iniciativa Unidos por los Bosques, con el apoyo de la Embajada de Noruega.

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OLGA CECILIA GUERRERO

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IGNACIO GALÁN

Bogotá, Colombia, octubre de 2022

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