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TALA Y OCUPACIÓN ILEGAL
ARRASAN MANGLARES EN 
SAN BERNARDO

Fotografías de Ignacio Galán

Desde que se tiene memoria, las islas del archipiélago han sido deforestadas sin control ante la ausencia institucional. Pero fue durante la pandemia que se aceleró la venta de lotes especialmente en la Isla Tintipán. La ciudadanía reclama acciones contundentes de las autoridades para evitar que el bosque que queda siga siendo destruido.

Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde 

Ignacio Galán / Shots de Ciencia

 

 

El negocio de compraventa ilegal de lotes es hoy el principal motor de deforestación en el archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano. 

Los otrora exuberantes bosques de manglar de este escenario natural, localizado entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido sometidos a una tala continua y a la ocupación ilegal por nativos y foráneos. 

El archipiélago está conformado por nueve islas: Múcura, Tintipán, Ceycén, Mangle, Panda, Palma, Boquerón y Cabruna. 

Además, por el Islote de San Bernardo o Santa Cruz del Islote, como se le conoce ahora, una isla artificial de apenas 1,57 hectáreas, construida por una antigua comunidad afrodescendiente cuya población oscila entre los 700 y mil habitantes.

El problema más grave hoy, explica la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es la tala de mangle y relleno que realizan invasores para conformar terreno consolidado y así poder construir sus viviendas.

También retiran grandes cantidades de arena de sitios conservados, para llevarlas a zonas de construcción y crear playas artificiales por encargo. 

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Actualmente son 126 los baldíos reservados de la Nación ocupados de manera ilegal en las islas, reporta la ANT. Al tiempo que hay lotes ya listos para negociar. 


De esta forma, tener un terreno a orillas del transparente mar de Tintipán es un privilegio que lleva la carga de una apropiación indebida del patrimonio nacional. 

El modus operandi de los ‘loteros’ como se les conoce a los comerciantes furtivos de los baldíos, no ha cambiado desde hace 40 años, cuando durante la ‘bonanza marimbera’, a la zona llegaban traficantes y contrabandistas, quienes fueron los primeros poseedores ilegales. 

La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT explica que la venta se da a través de “la invasión directa de los nativos del Islote o de la financiación de un tercero que los contrata, en su mayoría, mediante la modalidad de tala y compactado para posteriormente construir o simplemente vender el lote sin ningún tipo de edificación”.

Los terrenos los ofrecen a través de un contacto, visita a la zona o por el envío de fotografías en medios digitales. En las islas afirman que a lo largo de los años, muchos ocupantes se han aprovechado de los nativos para montar sus negocios turísticos.


Un lote básico para una cabaña, se consigue entre 25 y 50 millones de pesos. Si es ‘calzado’ como dicen los isleños, es decir listo para construir, tiene un costo adicional. Si es elevado, con playa artificial o más metros cuadrados, la cifra comienza a subir.

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Áreas donde se ha removido el manglar en Isla Tintipán. 

El virus de la invasión

Durante la pandemia por coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, se disparó la deforestación del manglar en las islas, especialmente en Tintipán, la más grande del archipiélago. Aparecieron decenas de parches blancos en el bosque y luego nuevas cabañas, hospedajes y hoteles. 

Ahora son parte de la cadena de turismo que se promociona en internet y que se traduce en cientos de visitantes anuales, a quienes ofrecen toda clase de planes: deportivos, rumba, descanso o desconexión. Promueven alojamientos desde hamacas, posadas sobre el mar y suits. Paseos nocturnos, piscinas de agua dulce o playa nudista. Los turistas comparten sus recorridos en redes sociales y dicen que es el destino de moda. 
 

Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.

Llama la atención el alto flujo de visitantes de distintos países y que algunos extranjeros estén al frente de negocios turísticos en los baldíos de la Nación y en pequeñas islas artificiales levantadas sobre vestigios de arrecifes coralinos. 


Sin embargo, detrás de esa realidad, aparece el verdadero conflicto social y ambiental. Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos. 

En áreas deforestadas y playas donde se ha retirado material, se aceleran procesos de erosión e intrusión marina, donde el mar penetra, inunda y afecta irreversiblemente los litorales. El interior de las islas está conformado por pantanos de mangle, que a raíz de la tala se están dividiendo e incluso desapareciendo con los impactos del cambio climático.  

Los ecosistemas más afectados son: bosques de manglar, arrecifes de coral, bosque seco, praderas de pastos marinos, lagunas costeras y litoral arenoso.

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Manglar en Isla Mangle.

Adicionalmente, opinan los propios pobladores, se ha desconocido el Artículo 63 de la Constitución Política Nacional, según el cual: “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". 


En décadas recientes la invasión al litoral y los bajos coralinos, es realizada a veces por interpuesta persona, por familias poderosas, personalidades, empresarios, políticos, artistas, turistas y hasta, explican nativos, funcionarios públicos. En algunos casos es difícil identificar a los dueños porque cuando las autoridades visitan el lugar, solo encuentran a los encargados de cuidar las construcciones, quienes impiden el acceso al área. 

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Hoteles de lujo bordean la línea de costa de Tintipán, otros más fueron construidos directamente sobre la plataforma arrecifal.

Un ejemplo de lo que ocurre en las islas, es el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien al parecer construyó y rellenó sobre una terraza coralina una casa de descanso, en 650 metros de obra, frente a la Isla Tintipán.


Cuando Noticias Uno hizo la denuncia en 2016, era conocida como Las Gaviotas. Recientemente fue reformada como hotel-isla 5 estrellas, La Gaviota, con playa elevada, piscina dentro del mar, ocho habitaciones y una capacidad para 25 personas. 


Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras le dijo a El Espectador en 2018 que el exmagistrado Pretelt estaba siendo investigado por ocupar sin autorización dicha propiedad de la Nación. El hotel no ha dejado de funcionar.

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Las comunidades del archipiélago subsisten

principalmente de la pesca y el turismo.

 

Atacan a Parques Nacionales

El archipiélago depende administrativamente del Distrito de Cartagena y desde hace tres años no designa un inspector de Policía presencial, el que está nombrado despacha desde la ciudad, debido a que fue amenazado.


Un funcionario de Parques Nacionales, ―quien pidió omitir su nombre― comentó a Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, que la tala de mangle es el principal problema del parque. Como no tienen facultad policiva, cuando se presenta un caso se reporta a las instituciones correspondientes. “Lo que pasa es que el territorio es muy grande y a veces cuando volvemos a pasar por una zona ya hay sitios impactados. Después de que se le haga el debido proceso hay que emprender proyectos de restauración para mitigar y corregir ese problema”. 


En efecto, el área protegida tiene 120 mil hectáreas marinas y en el sector de San Bernardo patrullan cuatro guardaparques en turnos quincenales. Ellos habitan una cabaña como sede, preparan su comida, atienden diferentes tareas a diario, entre estas desplazarse a las ocho islas. Son la única representación del gobierno las 24 horas. 


Como represalia, un grupo de personas desembarcó en la sede de Parques y realizó una especie de asonada. Rompieron la casa e intentaron quemarla pese a que allí se encontraba un funcionario.
 

Vigilar el parque es complejo. A mediados de este año dicha sede de Parques Nacionales, ubicada en Isla Múcura, fue atacada después de un operativo de la Armada Nacional y otras autoridades, en el que fue atrapado un nativo mientras ocasionaba daños al ambiente en la Isla Tintipán. 


Como represalia, un grupo de personas desembarcó en la sede de Parques y realizó una especie de asonada. Rompieron la casa e intentaron quemarla pese a que allí se encontraba un funcionario. 


El infractor, quien había sido trasladado a Cartagena, quedó libre a los tres días luego de que hoteleros de la mencionada isla ayudaran en su defensa. No es la primera vez que ocurre una situación como esta. Hace un año y medio la cabaña también fue atacada.
 

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Reparaciones en la cabaña de Parques después de los daños ocasionados por miembros de la comunidad.

A raíz de esta situación, habitantes de la zona insular se pronuncian en contra de las ocupaciones ilegales. Argumentan que el archipiélago sin autoridades presentes es proclive a toda clase de delitos.

 

Por tanto, reclaman a las entidades de control, al alcalde de Cartagena William Daw, a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y al mismo presidente Gustavo Petro, ―quien visitó las islas durante su campaña― apersonarse, tomar acciones y resolver las problemáticas de seguridad y orden.

A cargo del cuidado del archipiélago, por ley y por fallo del Consejo de Estado, existe una confluencia de funciones en diferentes entidades: Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Cardique, Distrito de Cartagena, Carsucre, Parques Nacionales y Dirección General Marítima (Dimar).


Esta última tiene como tarea específica regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, como controlar la construcción y el uso de islas artificiales. Adicionalmente, adelantar y fallar las investigaciones y sancionar por contaminación, construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos de su jurisdicción. 


Dicha entidad, Cardique y Parques Nacionales no atendieron a las repetidas solicitudes de información sobre las problemáticas que afronta el archipiélago y su gestión para resolverlas.

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Hablan habitantes del archipiélago 

Al abordar a algunos habitantes sobre los procesos de deforestación, manifestaron que fue un error talar los manglares porque las islas se han desestabilizado irremediablemente. Aunque accedieron a dar sus declaraciones, los entrevistados requirieron no publicar su nombre.


“Le pedimos a las autoridades que actúen con decisión y eficiencia porque si siguen a este ritmo, cuando vayan a actuar ya no habrá nada que proteger. Este año terminarán de vender los lotes que quedan. Sabemos que hemos hecho un uso inadecuado, pero hacen falta acciones puntuales del Distrito de Cartagena. La misma parte institucional no lo permite. Son muchas entidades a cargo y todas se tiran la pelota, al final nadie responde”.


Consideran que Tintipán cada día se deteriora más y a medida que pasa el tiempo se hace menos factible arreglar los daños: 


“Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario. El Estado nunca las reconoció como valores ecosistémicos desde el punto de vista integral donde las comunidades son sujeto de derechos”.


Otro más piensa que faltan políticas articuladas desde y hacia la comunidad, porque existe un vacío y además una falta de organización y conocimiento interno sobre estos temas: “Hay choque y un proceso muy grande por parte de foráneos que esclavizan. Se han venido apoderando de los territorios y han deteriorado más de lo que estaba el ecosistema manglar y las playas. Los controles se deben extender a Sucre donde hay un fuerte nexo de comercio y turismo”.
 

“Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario”

Sobre el trabajo gubernamental, indican: “Están ahí y no hay acciones reales, que serían demoler y devolver esos predios como terrenos colectivos. Ha sido negligencia del Estado, no ha habido procesos, lo único que puede blindar lo que queda es la titulación colectiva, políticas ambientales concretas y la educación para que todos hablen el mismo lenguaje”.


Mientras las autoridades toman el control de los bosques, la comunidad y algunos hoteleros crearon un vivero con especies de mangle rojo y blanco, en Isla Múcura. Con ayuda de guardaparques, los niños del colegio recogen semillas, apoyan en el cuidado de las plántulas y realizan siembras periódicas en las áreas afectadas. Aclaran, que se necesitan fuertes inversiones y sostenidos procesos de restauración en todas las islas. 


Esos brotes sembrados por los niños isleños son la esperanza de que un día, cuando sean adultos, eso de ‘la compraventa de lotes en el manglar’ sea una más de tantas historias que se cuentan en las noches de luna en las islas de San Bernardo.

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Retoños de mangle rojo.

¿Cómo están las demás islas?

Isla Mangle, de gran belleza natural, es ‘Patrimonio Intangible de la Nación’ por ser un ecosistema de particular significado ecológico. Allí existe una colonia de aves y alta riqueza hidrobiológica. Aún así, pescadores instalan rancherías de paso para realizar sus faenas, afectando los manglares. Tiene menos de una hectárea y presenta erosión e intrusión marina. Al momento de ser visitada por Red Prensa Verde y Shots de Ciencia presentaba acumulación de basuras plásticas depositadas posiblemente por las corrientes marinas. 

 

Isla Panda, deforestada y fragmentada por la erosión marina y el incremento del nivel del mar, está destinada a desaparecer. El tramo más grande está ocupado con una vivienda desde hace mucho tiempo. La otra fracción más pequeña está inundada y en avanzado deterioro, es frecuentada por pescadores que tiene allí dos alojamientos de madera y plástico. Tanto Panda, como Mangle y Cabruna, fueron utilizadas como polígono y centro de operaciones militares por parte de la Armada Nacional y el programa Unitas en 1963. Los disparos de cañón generaron daños en el ecosistema terrestre insular.

 

Isla Ceycén está dividida en dos. Perdió una laguna ubicada en el centro de la isla, debido a la continua tala de mangle, que junto al aumento del nivel del mar incrementaron los procesos erosivos. Existen algunos tramos donde la isla está a punto de volverse a dividir. Además, actualmente se reportan nueve procesos de ocupación ilegal, entre estos una construcción de tres pisos en uno de sus extremos y en el otro un poblado de pescadores, informó la Agencia Nacional de Tierras.

 

Isla Tintipán
Isla Tintipán

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Isla Mangle
Isla Mangle

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Isla Panda
Isla Panda

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Isla Tintipán
Isla Tintipán

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Isla Palma, excluida del Parque Nacional, registra diferentes ocupantes ilegales. Hace varias décadas funcionarios de la Universidad Nacional pensaron en crear un instituto de Investigación marina, pero la isla fue vendida por su ocupante a un narcotraficante, quien la llamó 'La isla de la Maravilla' y construyó un zoológico y acuario con especies exóticas como leones, flamencos y otros más. Años después en otra parte de la isla funcionó el desaparecido hotel Decameron. Después de esta firma la isla ha pasado por varios dueños y ahora presenta diferentes instalaciones hoteleras. 

 

Isla Boquerón: Ha sido tomada por hoteleros, procesos que lleva actualmente la ANT. Es la isla más próxima al continente, se ubica frente a San Onofre y cerca de Tolú, Sucre, por lo que registra un alto flujo de visitantes.

 

Isla Múcura: A la fecha registra 38 ocupaciones ilegales entre estas, viviendas, hoteles comunitarios, un hostal y tres hoteles de lujo. Estos últimos privatizaron las playas y no permiten el tránsito de personas distintas a sus huéspedes en sus zonas cercadas. Un constructor rompió la playa de El Cholo para abrir un canal y entrar sus botes.


La isla tiene la única playa pública del archipiélago. Su antiguo bosque fue quemado hace más de 100 años y convertido en toneladas de carbón, que se vendió en Cartagena y Montería. Luego el área fue utilizada para realizar una siembra intensiva de coco, que a esta fecha ya desapareció.
 

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CREADORES

Este informe especial fue financiado con recursos de la beca otorgada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) como proyecto de la iniciativa Unidos por los Bosques, con el apoyo de la Embajada de Noruega.

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OLGA CECILIA GUERRERO

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IGNACIO GALÁN

Bogotá, Colombia, octubre de 2022

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